La muerte con un tiro en la cabeza del líder del movimiento social Carlos Alberto Pedraza cuestiona otras dificultades a la búsqueda de una salida negociada al conflicto.
Carlos Alberto Pedraza, miembro del Congreso de los Pueblos. / Cortesía
“Un asesinato en clave contra el proceso de paz, con el fin violentar a los movimientos sociales que están activamente respaldando una salida negociada al conflicto armado”. Así se refirió Leonardo Luna, representante del movimiento Congreso de los Pueblos, frente al asesinato de Carlos Alberto Pedraza. Luna está en el Centro Distrital de Memoria, acaba de reunirse, junto con otros compañeros, con algunos miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), buscando acompañamiento ante las amenazas que no cesan contra los líderes sociales.
Minutos antes de su declaración integraba una mesa junto con el subdirector del Instituto de Medicina Legal, Pedro Morales, quien amplió el diagnóstico forense: “Pedraza recibió un único disparo que le perforó el cráneo. El crimen fue en el mismo lugar donde apareció el cuerpo, un sector despoblado de la vereda San Bartolomé, conocido como Las Marraneras, en el municipio de Gachancipá, a sólo 60 kilómetros de Bogotá. No tenía señales de tortura”.
La última vez que Pedraza habló con algún familiar fue con su hermano Gustavo, en la tarde del 19 de enero. Le contó que se dirigía de su casa, ubicada en el sur de la ciudad, rumbo a la localidad de Teusaquillo. Fue en algún punto de ese recorrido donde lo interceptaron y lo secuestraron por más de 24 horas, hasta que lo asesinaron.
Dos días antes de estos hechos, el Congreso de los Pueblos, movimiento que congrega diversas organizaciones sociales y políticas de izquierda desde 2010, denunció las amenazas que grupos de autodefensa le habían enviado. En menos de cuatro meses recibieron diez amenazas, entre llamadas telefónicas, atentados y panfletos que firmaban las Águilas Negras en el país. “Si creen que con las negociaciones van a llegar al poder, pues se joden. Los vamos a casar (sic) uno a uno (…) si creen que se van a salvar porque andan con los gringos hijos putas y las iglesias, ni crean”, dice uno de los panfletos.
“Le exigimos al Gobierno que nos reconozca y proteja como movimiento, porque no queremos tener más muertes. Pedraza era un trabajador por la paz y un defensor de derechos humanos. Por eso exigimos que el caso sea trasladado a la Fiscalía de Derechos Humanos para que se esclarezca su muerte”, afirmó Alexandra Bermúdez, vocera de esta organización, justo antes de leer públicamente las amenazas.
Pedraza, de 33 años, no estaba amenazado directamente, pero en su equipo había tres que sí. Era conocida su participación en los paros agrarios de agosto y mayo de 2013. Fue uno de los organizadores de la audiencia pública que diversos movimientos sociales y políticos les realizaron a las petroleras en Puerto Gaitán (Meta). Era representante legal de la comercializadora El Zipa, un proyecto económico de comercialización de productos agrícolas que surgió hace dos años.
“Su muerte concreta unas amenazas que tenemos que tomar en serio, porque aquí hay unos enemigos reales de la paz. El Sistema de Información de Agresiones a Defensores de Derechos Humanos ha registrado 186 agresiones entre junio y diciembre de 2014, de las cuales 157 son amenazas y 15 asesinatos”, detalló Alberto Castilla, senador del Polo Democrático. Como señaló Bermúdez, parece que los grupos paramilitares siguen reafirmando su poder y vigencia política en la capital a través de la violencia y la estigmatización, relacionando los movimientos políticos y sociales con la insurgencia y promoviendo su exterminio.
Pensar que la muerte de Pedraza no tiene móviles políticos ni incidencia en los diálogos que se adelantan en Cuba entre el Gobierno y las Farc es hacer oídos sordos, incluso, a las recientes palabras de Pastor Alape, uno de los negociadores de la guerrilla: “Nuestro sueño de paz y cese unilateral indefinido sigue firme, pero el asesinato del líder Carlos Pedraza, del Congreso de los Pueblos, agota la paciencia”.
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